Asti respalda fallo de Jutep sobre Arbeleche y subraya que debió excusarse en la firma de resolución
El vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Alfredo Asti, se manifestó este viernes sobre el expediente referente a la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el veredicto, aprobado por dos votos contra uno, que estableció que la exjerarca «transgredió normas de conducta en la función pública» al otorgar beneficios fiscales a una compañía donde su cónyuge ejercía como gerente.
Asti explicó que la queja inicial fue presentada en 2023, pero la directiva previa no resolvió el asunto. «El proceso correspondiente se llevó a cabo a través de la asesoría jurídica de la Jutep, la cual en marzo de 2025 emitió una opinión desfavorable para la posición de la ministra, indicando que ella había violado artículos del Código de Ética», detalló. Este informe jurídico fue conocido ya bajo el nuevo gobierno, aunque la composición del directorio de la Jutep aún era la de la administración anterior. En junio de 2025 se inició el proceso de renovación de las autoridades del directorio, y en diciembre del año pasado se solicitó a la asesoría jurídica —cuya conformación se mantuvo desde el inicio del proceso— el dictamen definitivo sobre el caso.
El vicepresidente de la Jutep señaló que los asesores jurídicos desestimaron los argumentos de defensa de Arbeleche respecto al cumplimiento del Código de Ética. Agregó que, a pedido de Luis Calabria, representante de la oposición en el directorio de la Jutep, el análisis del informe jurídico se pospuso hasta febrero. Posteriormente, la mayoría de los letrados decidió elaborar un dictamen que respaldaba las conclusiones de los asesores jurídicos de la junta.
En su fundamento de voto, Asti afirmó que existía una «desviación de la normativa legal». El jerarca de la Jutep explicó que el informe indicaba que Arbeleche tenía la obligación de comunicar la situación al presidente de la República (su superior directo) y abstenerse de participar en la decisión. En su lugar, el subsecretario de la cartera debería haber resuelto y firmado la resolución, «algo que no sabemos por qué no hizo», comentó Asti.
Por su parte, Arbeleche argumentó en su defensa que, al existir una resolución aprobatoria de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), no podía negarse a firmar el documento. No obstante, Asti citó precedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que establecen lo contrario: que la Comap tiene carácter meramente consultivo y no es vinculante, siendo la decisión final potestad del Poder Ejecutivo. «Por ende, en este caso, la decisión final fue tomada por la ministra cuando, de acuerdo con la aplicación del Código de Ética, no debió haberlo hecho», concluyó.
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