Ortuño avala legitimidad de la demanda contra el proyecto Casupá
El titular del Ministerio de Ambiente, Ortuño, declaró que la acción judicial interpuesta por el Partido Independiente contra la construcción de la represa de Casupá constituye una iniciativa plenamente legítima, enfatizando que la formación política ejerce un derecho al presentarla.
«El asunto se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del Poder Judicial», señaló el ministro, aclarando que ni su cartera ni OSE han sido formalmente notificadas. Agregó: «Seremos y somos respetuosos de las decisiones que se tomen en esa instancia». No obstante, Ortuño expresó su convicción de que «no todo puede convertirse en un motivo de confrontación política».
Ortuño hizo un llamado a evitar un ambiente de campaña electoral constante, instando a buscar vías de diálogo y colaboración en asuntos de trascendental importancia para el país.
La demanda judicial contra el plan gubernamental para construir la represa fue presentada por una coalición diversa de actores. Liderada por el Partido Independiente, esta iniciativa incluyó a legisladores y dirigentes de los Partidos Nacional, Colorado, Constitucional Ambientalista y Ecologista Radical Intransigente, así como a representantes de la Federación Rural, la Asociación Rural de Florida, y a vecinos y productores locales de Casupá.
El recurso legal solicita una medida cautelar que ordene la «suspensión inmediata» de cualquier actividad «administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material». El objetivo es detener cualquier acción que pueda «incrementar el nivel de consolidación jurídica, administrativa, patrimonial o material del Proyecto Represa Casupá», hasta que se emita una sentencia definitiva o el tribunal determine otra resolución durante el proceso.
Asimismo, los demandantes exigen que la administración gubernamental se adecue rigurosamente a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Nº 16.466, el Decreto Nº 349/005, la Ley Nº 18.610, y el resto de la normativa jurídica vigente. Simultáneamente, instan a OSE a poner fin a cualquier acción destinada a la consolidación y ejecución del proyecto Casupá, y a abstenerse de promover futuras actuaciones de índole administrativa, contractual, financiera, presupuestaria, licitatoria, expropiatoria o material que contribuyan a la consolidación del emprendimiento.
De igual forma, reclaman la suspensión de la licitación pública internacional hasta que se satisfagan los requisitos jurídicos habilitantes conforme al marco legal existente.
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