Cardama demanda a Uruguay la retirada de las patrulleras oceánicas de su astillero
El astillero Cardama ha presentado formalmente sus argumentos ante el Estado uruguayo mediante un documento remitido el 13 de marzo. En este escrito, la empresa española responde a la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato para la construcción de patrulleras oceánicas. Según el documento, al que accedió este medio, Cardama considera que «todo el actuar del Estado es una incongruencia» y una «improvisación prepotente», calificando la rescisión del contrato como «ilegítima».
El escrito critica «un proceder abusivo y malintencionado del Estado uruguayo», enfatizando que el gobierno «nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno». Además, la firma sostiene que la intención del Estado uruguayo de buscar un resarcimiento por el incumplimiento contractual es una «corolario» de una conducta «errática, confusa e incorrecta», surgida de «actitudes tozudas» y un «desprecio por la legalidad».
Una de las principales exigencias de Cardama a Uruguay es que se tomen las medidas necesarias para retirar de sus instalaciones las secciones ya construidas de las patrulleras oceánicas. La empresa argumenta que estas estructuras «ocupan buena parte» de su astillero, generando un inconveniente operativo.
La noticia generó una significativa reacción en la esfera política, destacándose la opinión del diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo. En su cuenta de X, Sotelo criticó la situación, preguntándose: «¿Dónde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos?». El legislador anticipó una serie de posibles consecuencias negativas: «1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país».
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