Astillero Cardama demanda a Uruguay ante foro internacional; Secretaría de Presidencia reitera respaldo legal a la decisión estatal
La empresa naval española Cardama ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. Esta acción surge a raíz de la anulación del acuerdo para la construcción de patrulleras oceánicas. Al respecto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo afronta la situación «con gran serenidad», ya que su proceder estuvo «en estricta conformidad con la ley».
Sánchez también señaló que la petición de Cardama de recurrir a un tribunal internacional es «bastante endeble», argumentando que es requisito agotar previamente las instancias legales a nivel nacional.
Cabe recordar que en el mes de marzo, el astillero optó por retirarse de un proceso de conciliación judicial entablado con el Estado uruguayo, en el cual procuraba una compensación económica por la terminación del contrato. Adicionalmente, la empresa no interpuso recurso alguno contra dicha rescisión.
Sánchez argumentó que la ausencia de un recurso nacional se debe a que «el Estado uruguayo procedió con gran seriedad, transparencia y responsabilidad». Enfatizó que la administración actual mostró una preocupación, ausente en el gobierno anterior, por «no contar con los controles adecuados para verificar la solvencia de la compañía y su capacidad para presentar una garantía en el plazo establecido». Por ello, el Ejecutivo maneja el asunto «con total tranquilidad». Si bien reconoció el derecho de Cardama a buscar las vías legales que considere pertinentes, Sánchez reiteró la calma del gobierno al haber seguido un procedimiento «totalmente ajustado al derecho nacional».
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