Uruguay evalúa reanudar la construcción de patrulleras oceánicas utilizando lo ya fabricado por Cardama; Abdala denuncia «coletazos de una mala decisión»
El gobierno uruguayo está analizando la posibilidad de reanudar la construcción de las patrulleras oceánicas que inicialmente fueron encargadas al astillero español Cardama. La situación se presenta como una alternativa para recuperar la inversión tras la rescisión del contrato original.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el Ministerio de Defensa Nacional está a cargo de evaluar esta coyuntura. Sánchez explicó que «todo está estipulado en el contrato» y responsabilizó a la administración previa por «hechos muy equivocados» que llevaron a la rescisión del acuerdo con Cardama por incumplimiento. El funcionario aclaró que «lo edificado hasta el momento es posesión del Estado uruguayo» y que es necesario verificar lo construido y su correspondencia con los informes existentes para determinar los pasos a seguir.
Asimismo, Sánchez añadió que este es un «proceso natural» y no atípico. Destacó que, tras la decisión de rescindir, Cardama no apeló, lo que «claramente indica que sabía que había incumplido». El gobierno uruguayo, además, ha iniciado una demanda por daños y perjuicios contra Cardama y está gestionando el traslado de las partes ya construidas, que son patrimonio estatal. El objetivo es identificar otro astillero capaz de aprovechar y completar la obra.
En contraste, el diputado nacionalista Pablo Abdala criticó la postura del gobierno, argumentando que se debió haber intentado mantener el contrato original para asegurar la finalización de las patrulleras. Según Abdala, la administración «prefirió, por una razón estrictamente política», dar por terminado el proyecto, lo que, a su juicio, «implica exponer al país a estas consecuencias». Señaló que la ministra a cargo «tendrá que resolver o definir cómo se transporta lo ya construido de las patrulleras, dónde se instalará y cuál será el costo asociado». Para Abdala, esta situación representa una «pérdida para el país», dado que Uruguay no dispondrá de estas embarcaciones que considera «indispensables».
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