Díaz: Astillero Cardama nunca mostró voluntad de sustituir garantía, el Estado sin aval de fiel cumplimiento
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, abordó este viernes la determinación del gobierno de poner fin administrativamente al acuerdo con el astillero Cardama, citando «graves violaciones legales» perpetradas por la firma a lo largo del vínculo. En declaraciones a Subrayado, Díaz apuntó a la omisión en la entrega de la garantía de fiel cumplimiento y a la presentación de documentación fraudulenta, lo que calificó como una «flagrante transgresión contractual».
«El astillero no solo proveyó una garantía de dudosa autenticidad, sino que tampoco cumplió con su compromiso de mantenerla activa durante la vigencia del pacto», señaló Díaz. El funcionario gubernamental detalló que se informó a Cardama sobre la falsedad de la garantía, se le comunicó la decisión adoptada y la inminente presentación de una acción penal. «Nunca existió, por parte de la constructora naval, una verdadera voluntad de formalizar la sustitución de dicha garantía», afirmó. Díaz subrayó que Cardama jamás entregó formalmente otro aval, dejando al «Estado uruguayo sin garantía de fiel cumplimiento hasta la fecha».
Respecto al aval de reembolso financiero, diseñado para asegurar que los fondos estatales destinados a la construcción de las dos patrullas oceánicas se emplearan adecuadamente, el Ejecutivo constató que la documentación entregada por Cardama no constituía una póliza válida. «Al consultar a los asesores legales de la compañía aseguradora, se nos indicó la existencia de una póliza, pero que lo presentado no correspondía a ella. Cuando solicitamos la póliza real, se nos proporcionó un documento distinto al original», explicó Díaz, añadiendo que «esa póliza, aparentemente, no se ajusta a lo estipulado en el contrato, el cual prevé su reducción solo con la entrega del primer navío».
El prosecretario mencionó además que la aseguradora solicitó al astillero una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros. De la revisión de documentos, «se desprende que esos 3 millones de euros fueron abonados, en realidad, con recursos del Estado uruguayo, a través de tres pagos de alrededor de 1 millón de euros cada uno, que coincidieron con el cumplimiento de hitos contractuales», explicó. «Cada vez que se cumplía un hito, el Estado pagaba, y el astillero transfería un millón de euros a la reaseguradora. Esto sugiere que parte del capital previsto para la fabricación de los buques se desvió a la conformación de una contragarantía», puntualizó.
El contrato con Cardama, de tipo suministro y formalizado bajo el TOCAF, ha sido administrativamente cancelado por incumplimiento grave, amparándose en el artículo 70, según resaltó el prosecretario. «En consecuencia, desde la notificación efectuada hoy, el vínculo contractual ha cesado», enfatizó.
En cuanto a la audiencia de conciliación programada para el 16 de marzo, Díaz esclareció que la convocatoria compete al Ministerio de Defensa Nacional, no a la Presidencia. En su rol de letrado, consideró que dicha instancia sería «carente de propósito», dado que el contrato ya no tiene validez tras su rescisión. «La determinación del Estado uruguayo ya ha sido tomada», ratificó. El prosecretario añadió que la resolución ya fue comunicada y recordó que hubo un proceso administrativo previo, donde Cardama fue notificada de las acciones y se le concedieron dos oportunidades para presentar sus descargos, los cuales no abordaron los puntos específicos de las objeciones.
Ante las objeciones de la oposición, que califican la medida como política, Díaz categóricamente afirmó que se fundamentó en criterios «estrictamente jurídicos y técnicos». «La discusión que la oposición impulsa desde hace días es de índole política, y como tal, se desarrollará donde corresponde: en el ámbito parlamentario», declaró. El alto funcionario presidencial delineó cuatro esferas de responsabilidad: la política, que recae en el Parlamento, donde podría establecerse una comisión investigadora; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la administrativa, relativa a posibles pesquisas internas (las del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República ya concluyeron, mientras que la del Ministerio de Defensa Nacional sigue en curso); y la civil, que iniciará con la demanda del Estado uruguayo contra Cardama para resarcirse por los daños y perjuicios y recuperar los 28 millones de euros desembolsados.
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